La Opción A del Informe LUC plantea que la CCAA expida o dé a cada uno de sus cazadores y pescadores la Licencia Única (tipo tarjeta de crédito o DNI) que le acredita como tal, con una validez de 10 años ó mas –salvo retirada por infracción o delito-, pero que no le autoriza a cazar. Si quiere cazar o pescar, sólo le queda ir al Banco o Caja de su pueblo o ciudad más cercana a su casa (que en todos pueblos las hay como entidades colaboradoras con la Administración para el cobro de impuestos), e ingresar el dinero que cuesta la licencia en la cuenta que la Administración tiene para tal fin, mediante un modelo estándar para su pago, que es público o lo facilita el propio Banco o Caja para sus clientes. Con el documento que le entrega el Banco o Caja después del ingreso y su Licencia Única, ya está autorizado y puede cazar en su CCAA –TIENE VALIDADA SU LICENCIA-. Así de sencillo, ir y pagar; la Administración recaudar y controlar quienes están autorizados a través de la recepción de dichos documentos u otros mecanismos o datos que se lo indiquen; y los Agentes de la Autoridad exigir la licencia y su validación “el pago”; el cazador o pescador no tiene que presentar como hasta ahora la misma solicitud y documentos periódicamente (solicitud de licencia, copia del seguro, del DNI, tasas pagadas…), no hay ni burocracia ni intermediarios ni comisiones, ni trabajos ni gastos en su tramitación o expedición por parte de la Administración.

Hay escépticos que consideran que el seguro de responsabilidad civil del cazador es un impedimento para implantar la licencia en su Opción A, y yo les preguntaría: “Cuándo solicitan o tramitan su carnet de conducir, ¿presentan o se les exige el seguro de su coche como requisito?”. Entonces, ¿por qué lo exigen para tramitar la licencia de caza? El seguro es uno más de los documentos que se pueden exigir por los Agentes de la Autoridad (autorización del titular del coto, licencia de caza, cartilla del perro…, o seguro del cazador), si lo ordena la ley y cuando corresponda. 

La Opción A del Informe LUC la puede implantar cualquier Comunidad Autónoma, es voluntad de sus dirigentes y de su Administración, aunque no ha sido puesta en marcha por ninguna CCAA como se propuso por la UNAC. Algunas CCAA tienen algo parecido y lo hacen bien: remiten toda la documentación al domicilio del titular –incluso con sobre franqueado- y, si se quiere la licencia, se va al banco, se paga y le remiten la licencia a casa; o la propia Administración domicilia el pago de la licencia en el banco del cazador; o se puede realizar su petición y pago a través de Internet, etc.; son gestiones que mejoran el servicio que ofrecen estas Comunidades Autónomas y que tienen el mismo espíritu que la Opción A, pero se quedan cortas, pues la propuesta de la UNAC es una propuesta conjunta: dentro y fuera de la CCAA, como Licencia Única. 

La Opción B del Informe LUC propone que la Licencia Única (anteriormente expuesta) sirva, a través de acuerdos o convenios de colaboración entre CCAAs, para cazar en otras Comunidades Autónomas y viceversa, previo pago de la tasa correspondiente a la Comunidad Autónoma donde se quiera cazar, a través de una transferencia por Giro Postal; y con la Licencia Única de su CCAA y el documento de transferencia del ingreso Postal, ya está autorizado y puede cazar en la otra CCAA –TIENE VALIDADA SU LICENCIA-, con las mismas consecuencias expuestas anteriormente.

Algunos ven como dificultad, para implantar la Opción B, las pruebas de aptitud, y yo les preguntaría: “Si Ud ya posee un carnet o título académico o licencia, ¿se tiene que volver a examinar para obtenerlo/a?”. Entonces, ¿por qué quieren que se examinen los que ya la tienen? Quien la posee, la posee; y quien la desee por primera vez la licencia única que le exijan las pruebas de aptitud o su formación como cazador o pescador, para que la Administración de su Comunidad Autónoma se la entregue. 

Esta Opción B resultaría más complicada y costosa en el tiempo su implantación, así y todo ya está en marcha; ya fue aprobada a principios del año 2009 por 6 Comunidades Autónomas el implantar un permiso cinegético común en España (LUC), al cual ya se han adherido otras Comunidades Autónomas (10), ha pasado por las Cortes Generales, y se está trabajando en su implantación por los técnicos para que una vez todo preparado los Presidentes Autonómicos lo firmen y sea una realidad, a los cuales les doy mi enhorabuena, pues estoy convencido que ello redundará en beneficio de todos.

La implantación del Informe LUC propuesto por la UNAC, hubiera terminado con las comisiones, y con la burocracia en los trámites para la obtención de licencias de caza o pesca en las Comunidades Autónomas. Los cazadores y pescadores y la propias Administraciones Autonómicas se hubieran ahorrado miles o tal vez millones de euros, y la Administración hubiera ofrecido un buen servicio y una imagen más eficiente, eficaz, efectiva, moderna y de ahorro a la sociedad y a sus ciudadanos. Es lamentable que personas físicas o jurídicas sin ningún ánimo de lucro estén utilizando su tiempo libre y su dinero, sin recibir nada a cambio, para exponer los problemas y dar soluciones a la Administración, y ésta haga oídos sordos a sus esfuerzos y propuestas.

Lo que es reprochable, con la crisis que padecemos y con tantas y tantas medidas adoptadas por nuestra clase política para salir de ella, es que no se haya puesto en marcha ni implantado la Opción A de licencia única, y que algunas CCAA aún la tramiten como hace 40 años, como es el caso de la Comunidad Valenciana; una propuesta mejorable pero viable, sencilla y con pocos costes para las Administraciones que beneficiaría a todos los ciudadanos, pues ahorraría tiempo, trámites y dinero tanto a los cazadores y pescadores, como a las propias Administraciones Autonómicas. Tal vez si el Señor D. José Luis Martínez Guijarro, Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hubiera impulsado lo que le pidió la UNAC en el año 2007 “La UNAC pide a Martínez Guijarro que lidere la implantación de la Licencia Única en España“, los afectados no le reclamarían ahora soluciones y una mejor gestión, y sus ciudadanos castellano-manchegos se hubieran ahorrado millones de euros en la tramitación en las licencias de caza y pesca. 

Al final, y después de darle muchas vueltas a la cuestión, uno se pregunta: ¿Por qué motivo sacamos y pagamos a la Administración una licencia de caza o/y pesca?, ¿será…como impuesto de lujo...?, ¿será…porque ofrecen algún servicio…¿será…porque con ello se financia o hay alguna contraprestación…?